Por: José Gil Olmos - julio 12 de 2012 Sinembargo
Hace casi seis años, Felipe Calderón fue reconocido como triunfador de
la elección presidencial en medio de protestas que alegaban fraude. La
respuesta del panista fue lacónica y sarcástica, dijo: “Haiga sido como
haiga sido, pero ganamos”, evadiendo así una condición de ilegitimidad
que lo persiguió como un fantasma. En la política mexicana todo es
posible, hasta hacer que exista el “haiga” como sinónimo de fraude.
Hoy estamos a punto de enfrentarnos a un nuevo proceso electoral con
claros tintes de ilegalidad y a una nueva versión de ese descargo
burlesco del “haiga sido como haiga sido”, que sólo ha servido de
tapadera para quienes se mofan de la ley y de la ciudadanía con tal de
obtener el poder mediante el fraude. Al igual que Calderón, a Enrique
Peña Nieto poco le importó violar la ley con tal de tener votos. Rebasó
los topes de campaña, compró votos, recibió dinero de los gobernadores
de su partido y probablemente de otras fuentes de origen sospechoso, fue
apoyado por el crimen organizado en algunos estados, viajó en aviones
privados y compró millones de espectaculares que inundaron paredes y
autobuses de todo el país.
Pero no le importó saltarse todas las reglas electorales y judiciales
porque el PRI sabía que, de obtener el triunfo, no anularían el proceso
electoral y que, a lo más, tendría una multa que será pagada de los
mismos recursos públicos que recibe a través del IFE. O sea, negocio
redondo. Los priístas aplicaron un nuevo patrón para realizar un fraude,
un engaño a la ciudadanía y a las autoridades. Estudiaron bien los
mecanismos de fiscalización y las formas de hacerse llegar recursos y
también maneras de utilizarlos sin que se pudiera comprobar la
ilegalidad. Ya no fue el burdo mecanismo de antaño de llenado o robo de
urnas (aunque los hubo), ni tampoco el uso indiscriminado de programas
sociales (que también lo hubo), sino que se tejió de manera distinta
este hilado de irregularidades con pactos empresariales y políticos con
mucho tiempo de anticipación, bajo la anuencia de las autoridades
electorales y del gobierno federal.
Por ejemplo, a pesar de que se registró y denunció desde el 2007 el
acuerdo político y comercial con Televisa, nunca se investigó a Peña
Nieto, quien como gobernador pagó millones de dólares de las arcas
públicas a esta empresa para que lo mantuviera siempre en sus programas
televisivos y hasta en las revistas de espectáculos. La Secretaría de
Hacienda, la Auditoria Superior de la Federación, el Poder Legislativo y
hasta las instancias electorales pudieron haber seguido las
investigaciones periodísticas para detectarlo en la reciente campaña
presidencial, pero todas hicieron mutis.
Viejos conocedores en las lides de la corrupción, los priístas se
modernizaron en la compra de votos, aunque sin olvidar las primitivas
maneras. Utilizaron los monederos electrónicos con tarjetas en
supermercados y bancarias (Soriana y Monex), y las mezclaron con la
compra directa del voto en las zonas rurales y urbanas más empobrecidas.
Los gobernadores priístas, en su nuevo papel de virreyes, desplegaron
todo su poder y sin importarles nada, de manera burda, hicieron
proselitismo por Peña Nieto obsequiando de todo, pero también usando la
presión para conseguir el voto para su candidato.
El nuevo PRI en su regreso juntó pasado y presente. Hizo acuerdos con
las viejas estructuras caciquiles, como el caso de Elba Esther Gordillo
que operó como lo sabe hacer, subterráneamente, a través del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del PANAL. Al mismo
tiempo, el PRI contrató miles de spots en televisión y a un ejército de
programadores que se dedicaban a mandar mensajes en las redes sociales a
favor de Peña Nieto y en contra de sus adversarios, especialmente
contra Andrés Manuel López Obrador. El patrón que siguieron los priístas
en los últimos años fue de preparación para el fraude aprovechando
todos los vacíos legales y también la posición de sus aliados y
cómplices en las televisoras, en el Congreso de la Unión y las
instancias electorales, con los sindicatos y empresarios, en los medios y
con los periodistas afines, en la Iglesia católica y con el crimen
organizado.
El resultado final es un fraude fácil de ver pero difícil de
fundamentar, un fraude cínico en el que participaron muchos, incluida
una parte de la sociedad, pero que las autoridades sólo van a castigar
como una irregularidad. Un fraude que el PRI cocinó por mucho tiempo
para regresar a Los Pinos “haiga sido como haiga sido”.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la
siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/12-07-2012/8127.
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